Siguiendo las
definiciones adoptadas para el desarrollo del Estudio Mundial se
utilizan las definiciones y conceptos de violencia reflejadas en la
Convención sobre los Derechos del Niño, y en particular el Artículo
19, así como la definición de violencia adoptada por la OMS en su
“InformeMundial sobre Violencia y Salud”(2001).La inclusión de
la palabra “poder” en adición a la frase “uso de la
fuerza física”, amplía el ámbito y la naturaleza de la
violencia para incluir actos como las amenazas e intimidación como
consecuencia de las relaciones de poder. “El uso de la fuerza
física o el poder” comprende e incluye la negligencia y cualquier
tipo de abuso físico, sexual o psicológico, el suicidio y otros
actos auto-abusivos. Definición que en síntesis cubre a una amplia
gama de consecuencias,incluyendo el daño psicológico, carencias e
inadecuado desarrollo.
Se acordó adoptar estos
conceptos y complementarlos con otras definiciones específicas,
teniendo en cuenta las diferentes manifestaciones o tipos de
violencia y considerando los ámbitos en que con
mayor frecuencia se
manifiesta la violencia contra las niñas, niños y adolescentes en
la región, las cuales se consignan seguidamente:
Violencia física y
emocional: es una forma de violencia que desde las personas
adultas se realiza con la intención de disciplinar, para corregir o
cambiar una conducta no deseable y sustituirla por
conductassocialmente aceptables y que las personas adultas consideran
importantes para el desarrollo de la niñezy la adolescencia. Es el
uso de la fuerza causando dolor físico o emocional a la persona
agredida.
Maltrato infantil:
son las acciones u omisiones con la intención de hacer un daño
inmediato a la personaagredida. La persona agresora concibe el daño
como el fin principal de su agresión. Crea un síndrome en la
víctima que sobrevive, conocido como síndrome del maltrato
infantil. Se conocen tres formas principalesde maltrato infantil:
físico, emocional o psicológico y por negligencia o abandono. Esas
formas de maltrato producen lesiones físicas y emocionales
indelebles,muerte o cualquier daño severo.
Violencia sexual:
se refiere a las conductas sexuales, coercitivas o no, impuestas a
una persona menorde edad, por una persona mayor, que puede ser
físicamente superior, con más experiencia y recursos, que utiliza
incorrectamente su poder o autoridad. En la violencia sexual se hace
referencia a:
- El abuso sexual.
Los abusos sexuales pueden llevarse a cabo sin necesidad de tener
contacto físico con la víctima o bien teniendo ese tipo de
contacto. El abusador busca tener gratificación sexual.
- Explotación sexual
comercial de niñas, niños y adolescentes: supone la utilización de
las personas
menores de 18 años de
edad para relaciones sexuales remuneradas, pornografía infantil y
adolescente, utilización de niñas, niños y adolescentes en
espectáculos sexuales, donde exista además el intercambio
económico o pago de otra índole para la persona menor de edad o
para un tercero intermediario.
VIOLENCIA INSTITUCIONAL
Se entiende por violencia
institucional las diferentes formas de violencia practicadas por las
instituciones del Estado, sus órganos y agentes en función del
mantenimiento de la ley y el orden, esto es del
control social. En este concepto se incluye la violencia en los
lugares de reclusión de niños, niñas y adolescentes ya sea con el
propósito de protección o por estar en conflicto con la ley penal.
Nuevamente en cuanto a
este ámbito, no fue posible identificar mayores fuentes de
información que den cuenta del tipo,
magnitud y manifestaciones de violencia que se viven en diferentes
ámbitos como en centros de salud, lugares de acogimiento para niñas,
niños y adolescentes, centros policiales y militares, centros de
internamiento para niños en conflicto con la ley penal y otras
instituciones de protección, aunque sí es posible al menos brindar
alguna información que permite poner en evidencia su existencia.
Según los resultados de
las consultas con niñas, niños y adolescentes, promovidas por la
Secretaría
Regional para el Estudio
de Violencia en la Región, “en este ámbito identificaron
manifestaciones y tipos de violencia con relación a sus experiencias
con la policía, en las instituciones que prestan servicios de salud
y las iglesias. Sin embargo, se constataron también manifestaciones
de violencia, maltrato y discriminaciones en el caso de servicios de
transporte público y en los centros de protección.
Durante estas consultas
“se pudo constatar la existencia de violencia física, emocional y
patrimonial, incluyendo abusos y violaciones sexuales. Se debe
aclarar que en el caso de las iglesias, las respuestas están
divididas, mientras que en el caso de las referencias a la policía
fue una constante su percepción como grupos represivos y violentos,
en particular hacia las personas adolescentes, tanto contra los
hombres como contra las mujeres. Percepción que es mayor entre los
grupos de niños, niñas y adolescentes que viven en las áreas
urbanas”.
De acuerdo con los
resultados del Estudio de Save the Chidren sobre el marco legal en
América Latina en Relación al castigo físico solamente Costa Rica
y Ecuador prohíben expresamente en sus legislaciones utilización
del castigo físico en las instituciones de protección de niños,
niñas y adolescentes.
De acuerdo con la
Convención sobre los Derechos del Niño, todos los países deberían
tener sistemas de justicia penal juvenil en los cuales se diera
tratamiento especializado a los menores en conflicto con la ley y el
uso de las medidas de internamiento debería ser excepcional a favor
de medidas alternativas de reeducación. Ya se dijo anteriormente que
el desarrollo de los sistemas
penales especializados es
desigual e incipiente. El internamiento sigue siendo una práctica
habitual.
La mayor parte de la
información disponible de los diversos países de América Latina
muestra que una de las formas principales del ejercicio de la
violencia en los centros de internamiento de adolescentes en
conflicto con la ley es la negligencia y las limitadas condiciones
generales de la infraestructura así como la insuficiente
capacitación del personal que atiende a esta población. Más que
ser sometidas a golpes o torturas, esta población está bajo
condiciones de reclusión inadecuadas
La privación de libertad
de jóvenes en conflicto con la ley es una medida ampliamente
utilizada, como una vía de re-educación y sanción. No es extraño
que en ocasionas se de el mismo tratamiento y mantengan en los mismos
lugares a niños, niñas y adolescentes que están bajo medidas de
protección por abandono u otras causas, con aquellos que han
cometido infracciones y están bajo sanción. Todos estos hechos son
violaciones de derechos e incompatibles con los mandatos de la
Convención
Violencia institucional en América Latina: Niños y niñas víctimas de quienes los deben cuidar
- Hay detenciones ilegales
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La paradoja es que las instituciones que deberían garantizar sus derechos, los vulneran y transforman a algunos grupos de personas menores de edad, y no a otros, en víctimas de una violencia institucional que, según los especialistas consultados, son discriminados por el solo hecho de ser pobres o pertenecer a un grupo social o étnico determinado.
El concepto de violencia institucional es amplio y contempla diversos ámbitos que van desde centros de salud y acogimiento, hasta dependencias policiales o de internación para jóvenes en conflicto con la ley penal.
Pero entre todas las formas de violencia, la que ejerce la Policía en muchos países de América Latina y que incluye la violencia física, verbal, psicológica y sexual en contra de niños, niñas y adolescentes, tiene ciertas particularidades.
Aunque está generalizada y extendida, se comete en la clandestinidad y con prácticas de encubrimiento. Sería invisible si no es por las denuncias de las víctimas, de sus familiares o por el accionar de las organizaciones sociales.
La violencia practicada por agentes del Estado en función del control social es además uno de los ámbitos en los que operan con más fuerza ciertas representaciones sociales sobre los adolescentes, especialmente la que vincula pobreza con violencia y delito y transforma al adolescente pobre en "peligroso". La mayoría de los adolescentes y jóvenes identifica a la Policía como un peligro, no como una instancia a la que puedan recurrir en busca de protección.
Las medidas cada vez más punitivas, incluida la detención a gran escala de presuntos miembros de bandas, asociada con la arbitrariedad, la ineficacia y una imposición violenta de la ley contribuyen aún más a "estigmatizar a los jóvenes pobres y al aumento de la violencia", destaca el Estudio Mundial contra los Niños en el mundo presentado en 2006, a pedido de la ONU, por el experto brasileño Sergio Pinheiro.
Caso centroamericano
La situación en Centroamérica no es muy diferente. En Guatemala, Honduras y el Salvador es bastante extendido el fenómeno de las pandillas o maras. Sin embargo, advierte la organización Plan Internacional, esta calificación "se ha convertido en una forma genérica para denominar un fenómeno mucho más amplio de las agrupaciones de pares de jóvenes, que van desde simples grupos de amigos y amigas que se reúnen para escuchar música y pasar el rato, hasta estructuras organizadas y comprometidas con actividades delictivas".
Pero aún cuando a algunos grupos de jóvenes puede adjudicársele hechos delictivos eso no justifica la aplicación de las leyes de mano dura, las detenciones arbitrarias y la supresión de las garantías fundamentales de las que son víctimas niños, niñas y adolescentes.
La mayor parte de los miembros de las maras que tienen menos de 18 años y que están encarcelados, no ha cometido delitos graves. Incluso, la mayor parte de los niños, niñas y adolescentes vinculados a las maras lo está por llevar tatuajes, según Plan Internacional.
"En Costa Rica, las principales víctimas de violencia policial son los jóvenes indígenas y migrantes", precisa Virginia Murillo, presidenta de la organización DNI Defensa de los Niños - Internacional -Costa Rica. Según ella, las vulnerabilidades sociales y la falta de oportunidades para el ejercicio de sus derechos humanos, transforman a los jóvenes en víctimas de la violencia institucional.
Los Estados siguen prefiriendo respuestas punitivas dirigidas a la criminalización y encarcelamiento de los adolescentes y jóvenes, coinciden los especialistas consultados, sin atender plenamente a las causas.
Posibles respuestas
Los especialistas consultados coinciden en algunas propuestas que pueden revertir el problema, entre ellas, una mayor formación y capacitación del personal que reproduce la violencia, un Estado activo y promotor de políticas públicas que generen oportunidades y eliminen las desigualdades.
Pinheiro recomienda que los Estados reduzcan las cifras de niños y niñas que entran en el sistema judicial dejando de considerar delitos "en razón de la condición" (comportamientos exclusivos de niños, como ausentarse de la escuela, fugarse de casa o "no poder estar controlado por los padres"), conductas de supervivencia (mendigar, escarbar entre la basura, merodear o vagabundear) o actividades de trata o explotación delictiva a que puedan verse sometidos.
Un paso inmediato es capacitar sobre los derechos de niños y niñas a los miembros de las fuerzas policiales, que incluya información acerca de formas adecuadas de tratarlo.
Asimismo, el Informe aboga por la implementación de la legislación en materia de violencia familiar, así como el asegurar el asesoramiento legal y brindar una adecuada asistencia a las víctimas para su recuperación.
Tarea para lo medios
El asesinato de adolescentes en barrios pobres en los que se denuncia la participación de policías es mucho más frecuente de lo que informan los medios de comunicación y muchas veces, cuando aparecen en las noticias, son presentados como "enfrentamientos".
La violencia practicada por agentes del Estado es uno de los ámbitos en los que operan con más fuerza ciertas representaciones sociales que estigmatizan a los adolescentes. Los medios de comunicación suelen reproducir esas representaciones sin muchos cuestionamientos, especialmente aquélla que vincula pobreza con violencia y delito y que transforma al adolescente en situación de pobreza, sin más, en "peligroso".
En un análisis comparativo sin antecedentes de la prensa escrita regional publicado por la Red ANDI América Latina en 2006 sobre el estudio en 2005 de casi 240 mil textos leídos en 121 diarios de 10 países, la Violencia Institucional mereció a lo largo de ese año poco menos de un millar de textos (954) enfocados en ella como tema principal, lo que equivalió al 4 % de todo lo publicado sobre Violencia en general.
Las noticias sobre Violencia Institucional en este estudio "presentan uno de los peores desempeños en el aspecto de la calidad", con apenas un 5% de ellas incluyendo un enfoque de búsqueda de soluciones. Además, incluyen un uso frecuente de términos peyorativos que tienden a culpabilizar a los jóvenes.
La Red ANDI América Latina es una iniciativa orientada a la construcción de un periodismo socialmente responsable, basado en la perspectiva de promoción de los derechos de niñas, niños y adolescentes en los medios de comunicación y fuentes de información. Conforman la Red: ANDI (Brasil); CECODAP(Venezuela); DNI – Costa Rica (Costa Rica); Dos Generaciones (Nicaragua); DOSES (Guatemala); Eco Jóvenes (Bolivia); Fundación Antonio Restrepo Barco (Colombia); Fundación Yupana (Ecuador);GLOBAL...Infancia (Paraguay); Periodismo Social (Argentina)
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