Derechos fundamentales
En contraste con la idea absolutista de soberanía, que concedía a la autoridad pública un poder ilimitado de intromisión en la esfera privada del ciudadano, las revoluciones liberales acotaron una serie de ámbitos de privacidad donde el individuo no podía ser molestado. Nacieron así los derechos fundamentales como la síntesis que resulta de combinar las dos tradiciones filosóficas humanistas y cosmopolitas del siglo XVIII: el ilusnaturalismo y el racionalismo ilustrado.
Aunque los catálogos del siglo XIX reconocían las libertades más básicas como la de expresión, la de asociación o la ideológica y religiosa, se vincularon también a los intereses económicos de la burguesía e incluyeron la garantía de protección de la propiedad o el libre movimiento. Posteriormente, el desarrollo democrático ha subrayado la importancia de estos derechos y ha incluido mecanismos eficaces de defensa jurisdiccional de los mismos. Así, la inicial técnica consistente en plasmarlos en declaraciones no vinculantes (Virgina en 1776 o Francia en 1789) fue depurada en el constitucionalismo posterior que positivó nuevos derechos, como el de huelga o sindicación, y dotó a todos de más eficaces garantías. Hoy, en la medida en que los derechos fundamentales estén ampliamente reconocidos y protegidos, se puede hablar de que un determinado sistema político constituye un Estado de Derecho.
Los derechos fundamentales, reconocidos a la población en general, suelen distinguirse de los derechos políticos, que se relacionan con la participación en los asuntos públicos de la nación y se restringen a los ciudadanos. A partir del período de entreguerras se ha llegado también a reconocer, como valores dignos de protección, una serie de aspiraciones al bienestar económico y cultural, pero estos derechos sociales merecen menores defensas que las tradicionales libertades que se vinculan al individuo. Y es que aunque en muchas democracias se reconoce que los poderes públicos deben evitar las injustas desigualdades, sigue considerándose más exigible que éstos no cometan arbitrariedades.
Así, incluso hoy existen movimientos politizados, como el que reivindica en Norteamérica los civil rights, que pretenden ampliar los catálogos o denunciar amenazas persistentes y discriminaciones sobre los ya reconocidos. Aunque es frecuente utilizar indistintamente las expresiones derechos fundamentales y derechos humanos, existe una diferente significación en función del ámbito en el que se empleen. Así, los primeros se refieren a los derechos jurídicamente vinculantes a nivel interno, mientras que los últimos designan los derechos supuestamente naturales positivados en tratados internacionales.
Por tanto, los derechos fundamentales, al quedar recogidos en las constituciones nacionales, suelen disfrutar de un mayor grado de concreción y garantía efectiva a pesar del consenso expresado sobre los segundos en la ONU a través de la Declaración de Derechos Humanos de 1948 y el Pacto convencional de 1966. Aunque en el mundo democrático se violan ocasionalmente, es en los regímenes dictatoriales donde se produce una sistemática falta de consideración a los mismos. El relativismo cultural ha llegado incluso a justificar esta situación, apelando al origen occidental de estos derechos y el supuesto etnocentrismo que supone el pretenderlos universales.
